(Foto: archivo)
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En los últimos meses, hemos sido testigos de la creciente espiral de violencia que deja a su paso la minería ilegal, una de las más serias amenazas a la seguridad, medio ambiente e institucionalidad del país.

Apenas la semana pasada, una turba de mineros ilegales se enfrentó a la Policía en un tenaz intento por mantenerse en La Pampa, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata. No se trata de pequeños operadores artesanales, sino de grupos organizados que utilizan maquinaria pesada y que en los últimos años han depredado 100 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios.

Estos mineros ilegales emplean grandes cantidades de mercurio altamente tóxico que vierten al medio ambiente, atentando contra su propia salud y la del resto de la población.

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En Pataz, sierra de La Libertad, y Atico, Arequipa, se evidencia otra de las dimensiones más nefastas de esta actividad: sus fuertes nexos con la criminalidad y el sicariato. En ambas localidades, grupos armados se han venido enfrentando por el control territorial, frente a la pasmosa ausencia del Estado, incapaz de asegurar el imperio de la ley.

La trata de personas y las peores formas de explotación laboral son otros de los terribles legados de la minería ilegal. Lo mismo es cierto de su extendida influencia corruptora sobre la política y distintas instancias de la administración pública.

Por otra parte, los esfuerzos por formalizar a los mineros informales (un grupo más amplio) no exhiben mayores resultados en los últimos 20 años. Basta con mantenerse en el registro oficial (Reinfo) para que los informales eviten sanciones, por lo que no existe ningún aliciente que los lleve a completar el proceso, máxime cuando los plazos se extienden periódicamente.

Urge replantear la lucha contra la minería ilegal a fin de frenar su avance destructor antes de que sea demasiado tarde. De igual modo, resulta impostergable rediseñar el proceso de formalización para asegurar los resultados deseados.

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Edmundo Del Aguila