[OPINIÓN] Iván Arenas: “La minería moderna y el mensaje presidencial”

No obstante de los esfuerzos puntuales que la administración Boluarte realiza a través de algunos ministerios e instituciones para la promoción de las inversiones mineras, de alguna u otra manera desde el sector de minería moderna se espera un mensaje presidencial claro, preciso y sin medias tintas que demuestre de una vez y por todas el compromiso del Gobierno en pleno con uno de los motores antipobreza y generación de empleo más potentes del país. En ese sentido, para el suscrito como para los entendidos, se espera que el mensaje de la presidenta Boluarte presente una serie de medidas para el desarrollo de la minería moderna que —como dijimos líneas arriba— es necesario si se quiere reducir pobreza y generar empleo.

Uno de los primeros temas a incidir en estos próximos meses es reducir o simplificar los tiempos en los trámites y procesos de las normas vigentes. Todo lo anterior se puede hacer sin dejar de lado el estricto cumplimiento de los estándares ambientales que son altos en comparación con otros países mineros. Un ejemplo puntual: Senace aún no aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental pendiente de la mina Inmaculada (Hochschild) a pesar de que ya superó el límite del tiempo establecido por ley; de allí la reducción en la producción aurífera.

El segundo tema es mejorar la gestión y atención de los conflictos sociales, ideológicos y políticos alrededor de la minería moderna. Para ello se espera una mejor actuación y coordinación de las oficinas de gestión y prevención de los conflictos tanto en la PCM, Ministerio de Energía y Minas y la Fiscalía, hoy casi inexistentes. Existen supuestos conflictos “sociales” o “ambientales” que son azuzados por mafias de asesores/abogados que actúan sin desparpajo y con la mirada absorta de todo el aparato estatal.

Otro tema es avanzar hacia un proceso de formalización de la minería artesanal (sobre todo aurífera) que sea integral, realista y absolutamente técnica; y que separe a los informales de los ilegales de una buena vez. Hoy, alrededor del 50% del oro ilegal peruano se va por Bolivia, amén de todos los problemas sociales y ambientales que genera.

Un cuarto punto es ¿qué hacemos para mejorar la eficiencia y efectividad del Estado en su conjunto sobre todo en el uso correcto de la tributación minera? El presupuesto estatal crece —debido a la tributación minera—, pero no hay obras que cierren las brechas históricas. Regiones y distritos millonarios por canon y regalías que tienen tasas de pobreza y anemia sorprendentes (San Marcos en Áncash, por ejemplo).

Estos son apenas cuatro lineamientos (de los muchos) que el Gobierno debe desarrollar si quiere que la pobreza disminuya y se genere empleo; de lo contrario avanzaremos hacia un 2026 cargado de frustraciones sociales y desafecciones hacia la política.

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