[OPINIÓN] Iván Arenas: “La Defensoría del Pueblo y los ‘conflictos socioambientales’”

Días atrás, desde la Defensoría del Pueblo se publicó un nuevo informe de la “Conflictividad Social” en el país. Según el documento, hay 225 conflictos de los cuales 142, es decir el 63%, son “socioambientales”. Ojo, allí queda la cosa. De estos 142 conflictos —que la Defensoría del Pueblo denomina como “conflictos socioambientales”— resulta que 97 están en el sector minería.

Sin lugar a dudas, semejantes resultados espantarían a cualquier inversionista (extranjero que no termina de conocer el Perú) si pretende desarrollar algún proyecto minero. Miren los números: 225 conflictos, con casi 100 de ellos en el sector minero, reflejan un país en guerra diaria, paralizado, sin camino. Y eso no necesariamente es así.

Pero, ¿a qué voy con todo lo anterior? A que la metodología que aplica la Defensoría del Pueblo en sus informes de conflictividad tiene varios yerros que impiden ver y analizar de manera rigurosa los conflictos, sobre todo alrededor de la minería.

Antes de continuar vale decir que, salvo la Defensoría del Pueblo, ninguna otra institución estatal publica informes semejantes, amén que no existe metodología oficial, intersectorial ni única para el análisis, monitoreo o medición de los conflictos.

Ahora bien, decíamos que el informe mensual de la Defensoría del Pueblo no permite ver la conflictividad en la minería, sobre todo la gran minería, por entero y en su contexto amplio y al detalle.

Les pongo un ejemplo que suele suceder y que se ha vuelto moneda corriente sobre todo en el sur peruano. Si una comunidad (asesorada por una organización no gubernamental —ONG— o por un intermediario/abogado) asegura (sin sustento técnico como se suele hacer) que una determinada operación minera contamina los ríos y por ello hace un paro o alguna protesta, de acuerdo a la metodología de la Defensoría será un conflicto socioambiental sin más, no obstante que en los detalles está la explicación.

Publicar un informe así, sobre todo si viene desde una institución del Estado, sin un análisis previo y al detalle de cada caso, solo hace perder la mirada amplia sobre el problema y asustar cualquier inversión.

De un tiempo a ahora los conflictos ya no son necesariamente por razones ambientales o sociales (de acuerdo a la interpretación de la Defensoría) sino por beneficios directos, por rentismo, por posiciones ideológicas o políticas, por intereses subalternos o por los ¡constantes incumplimientos del propio Estado de los compromisos con las comunidades! Miren, si no, todo lo sucedido con las principales operaciones mineras en el sur andino.

¿Coloca la Defensoría del Pueblo las variables antes indicadas? ¿Hay variables sobre el incumplimiento del Estado de los compromisos con comunidades? En absoluto. Es hora entonces de construir una metodología distinta.

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